Es un proyecto de Ley que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas más duras, modifica agravantes y tipologías de manera de asegurar mayores condenas, incorpora mecanismos de restitución previos a la finalización de los procesos judiciales, entrega mayores facultades para reprimir y promueve la autotutela. Además, castiga la compraventa de inmuebles usurpados y obstaculiza la regularización de inmuebles con procesos judiciales pendientes.
Esta ley busca castigar con cárcel todos los tipos de “usurpaciones”, independiente de su contexto, origen y agravantes. Para esto, se establece un marco rígido que obliga a que la aplicación de la pena sea efectiva, independiente de atenuantes.
En este proyecto se incluyen agravantes específicos que buscan resguardar los intereses de elites económicas, como, por ejemplo, cuando el terreno es de uso forestal o esta avaluado por mucho dinero. De esta forma, se protege la propiedad de la industria forestal e inmobiliarias y constructoras. Además, existen agravantes transversales, como la presencia de menores de 14 años, lo cual busca atacar a las familias que se ven obligadas a tomarse un terreno, y otras agravantes específicas como pertenecer a una organización que no respete esta u otra ley.
Además, este proyecto de ley entrega nuevas facultades a carabineros para realizar detenciones, ya que la flagrancia de la ocupación es continua. Es decir, carabineros puede detener en cualquier momento a quienes habiten en la ocupación. También se incluye en el proyecto la legítima defensa privilegiada, la cual permite presuponer condiciones que permitan la defensa independiente al daño provocado a la persona de quien se defiende, lo cual incita al enfrentamiento civil en defensa de intereses económicos privados. Además, se incluye la restitución anticipada del inmueble, lo que permite el desalojo con mayores facilidades y antes de la finalización del debido proceso.
Como fundación, nos preocupa la entrega de facultades represivas a carabineros, ya que estos tienen una trayectoria histórica de brutalidad policial y posterior impunidad respaldada por todos los gobiernos. Los crímenes de ayer y los de hoy siguen sin castigo, lo que garantiza su repetición.
Por otra parte, se ha comentado bastante respecto a las garantías que se entregaran supuestamente a quienes sean parte del Catastro de Campamentos 2022. En teoría, el catastro solo impide que se efectúe la detención por flagrancia, pero de todas formas se podría decretar la restitución anticipada, como también se podría hacer uso de la legitima defensa privilegiada. Además, el catastro no incluye a todos los campamentos, tampoco a las ampliaciones de dichos, ni los nuevos campamentos que cada día proliferan. Cabe mencionar que, actualmente campamentos que integran el catastro se encuentran amenazados de desalojo y que dentro del proyecto de ley no se contempla un mecanismo que garantice seguridad de dichos campamentos.