Por Cristóbal Tomé*
Todos y todas recordamos el triste, largo y millonario proceso de construcción, parcheo y demolición de las casas COPEVA, el sufrimiento de las familias que allí habitaban, el nivel de impunidad de la constructora COPEVA (actual Constructora PY), que continuó con sus negocios y realizando Lobby junto al gobierno de Eduardo Frei (DC) y empresarios inmobiliarios, lo que sin duda les rindió frutos.
El descaro fue tal, que los caballos que el dueño de COPEVA, Francisco Pérez Yoma (hermano de Edmundo Pérez Yoma, Ministro de la época), regaló al ministro Edmundo Hermosilla fueron avaluados por más de las indemnizaciones que recibieron los pobladores de Bajos de Mena.
A pesar de las discusiones, revuelo y los supuestos aprendizajes de la “experiencia COPEVA”, la verdad es que existe continuidad hasta ahora respecto a las modalidades y resultados de las políticas subsidiarias de vivienda. El caso de proyecto Portal Manso de Velasco, ubicado en Los Ángeles, es testimonio de esto.
En agosto del 2019 se comienzan a entregar las viviendas del proyecto Portal Manso de Velasco, el cual está a cargo de la Inmobiliaria Martabid y la Constructora Manitoba SPA y ejecutadas mediante el Subsidio de Integración Social D.S 19. Sin embargo, desde Julio de 2020 se vienen reportando que al menos 80% de las casas construidas por la Constructora Manitoba SPA (cada una de un valor de 80 millones de pesos), financiadas en un 80% a través de créditos hipotecarios, tienen problemas constructivos graves.
Quizás de las fallas estructurales más relevantes fue que no instalaron tuberías para evacuar aguas al sistema de alcantarillado, lo cual emite un gran hedor a descomposición, atrayendo a roedores, provocando un alto riesgo sanitario y de salud a los pobladores. También se reportan fisuras, muros inclinados, filtraciones de agua lluvia, deformación en las ventanas, mala terminación de techos y paredes. A pesar de las claras evidencias de la negligencia de la constructora, ésta tuvo la desfachatez de responder a los pobladores movilizados que ha abordado el 90% de los requerimientos, lo que es falso. La constructora ha ofrecido a algunos pobladores papel mural y piso flotante como compensación, lo cual no soluciona nada.
Cabe mencionar que hay otros agravantes, como que la garantía post venta de las viviendas es de 3 años y está cercana a expirar, la indulgencia del SERVIU Biobío al esperar más de 1 año para oficiar a la constructora y el silencio que ha mantenido la Inmobiliaria Martabid.
¿Qué tienen en común estos dos casos? Que el poder político y económico ha permitido que los criminales de cuello y corbata se llenen los bolsillos impunemente a costo del sufrimiento de comunidades enteras a través de las políticas subsidiarias del modelo neoliberal. Es un negocio redondo donde se ponen los recursos del Estado a disposición del mercado y en desmedro de las comunidades, a quienes el mismo Estado no duda en reprimir cuando estos exigen una vivienda digna.
*Psicólogo Comunitario
Fundación Rukawe
